Las empresas y las entidades públicas, en el desarrollo de su actividad, tratan necesariamente Datos de Carácter personal (en adelate DCP): datos de clientes, proveedores, profesionales, empleados, etc. En la actualidad, los mecanismos informáticos que hacen posible el tratamiento de estos datos, pueden ocasionar vulneraciones del derecho a la intimidad de las personas, por lo que la Ley obliga a garantizar su protección.

“LA LEY LIMITARÁ EL USO DE LA INFORMÁTICA PARA GARANTIZAR EL HONOR Y LA INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR DE LOS CIUDADANOS Y EL PLENO EJERCICIO DE SUS DERECHOS.” CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA (art. 18.4.)

La LORTAD, 5/1992, de 29 de Octubre, estableció una primera vía de protección administrativa de los datos automatizados, que sin embargo fue derogada por la LOPD, Ley 15/1999, de 13 de diciembre, o Ley de Protección de Datos de Carácter Personal.

La LOPD tiene como objetivo proteger y garantizar los derechos y libertades de las personas físicas, en lo relativo a los tratamientos de los DCP, y especialmente el derecho a su honor e intimidad personal y familiar(art.1 LOPD). Con este fin, establece las obligaciones que han de cumplir todas aquellas empresas y administraciones que traten estos datos.

El RD 1720/2007 de 21 de diciembre, qprueba el Reglamento de Desarrollo de la LODP (RLOPD), el cual establece las medidas técnicas y organizzativas que garantizan la seguridad de los ficheros, automatizados o no, locales, equipos, sistemas, programas y personas que intervengan en su tratamiento.

El ente de derecho público encargado de velar por el cumplimiento de la normativa vigente es la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), habiéndose creado en determinadas Comunidades Autónomas órganos competentes en esta materia.