A menudo se incurre en infracciones graves o muy graves, con consecuencias críticas para la tesorería de la empresa, sólo por no disponer de un asesoramiento adecuado sobre cómo se han de tratar los datos personales.
- La omisión del deber de información previa al interesado, así como no implantar las medidas de seguridad se considera infracción grave (art. 44.3.LOPD) y la sanción oscila entre los 60.000 y 300.000 EUROS.
- La no inscripción de los ficheros en el Registro General de Protección de Datos se computa como falta leve (art. 44.2.C LOPD) y las sanciones van desde los 600 EUROS a los 60.000 EUROS o como infracción grave ascendería hasta los 300.000 EUROS.
- La cesión de los datos fuera de los casos en que esté permitida, o la recogida fraudulenta de los mismos, está considerada por la LOPD como infracción muy grave y supondría una multa de 300.000 EUROS a 600.000 EUROS.
En 2005 la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) inició 1.158 inspecciones, lo que supone un aumento del 18% respecto al año anterior. Por el mismo camino van las multas impuestas, que en 2005 sumaron un total de 21.105.083, 99 euros.
La agencia española sigue lo que marca la ley y castiga el delito con la sanción que corresponda independientemente del tamaño de la empresa. Así, por ejemplo, multó con 30.001 euros a un comercial por enviar un correo electrónico a 13 personas sin su consentimiento. «El método» -denuncian los afectados- «es eficaz para imponer la ley, pero resulta desproporcionado».
Por último, el director de la Agencia de Protección de Datos, José Luis Piñar, lleva tiempo manifestando «la necesidad de dotar a este organismo de los medios necesarios para el ejercicio de sus competencias, y la conveniencia de modificar el sistema de financiación, con el fin de que la agencia se financie, exclusivamente, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado». Actualmente, este organismo se autofinancia a través de las altas sanciones que impone.
